AVASALLAR A LA CORTE

Con supino descaro el pasado 02 de septiembre, López Obrador confesó su ladina injerencia en el Poder Judicial, al confesar públicamente que su finalidad al designar como ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) a Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá era tenerlos de incondicionales y en algún momento, lograr tener mayoría en ese poder. En un Estado democrático de Derecho, esa acción, se llama corrupción, tanto del proponente, como de los beneficiarios.

Lamentablemente, conforme al artículo 96 de la Constitución Federal, el presidente tiene la facultad de proponer a los ministros de la SCJN, derecho que, como lo sostengo en exposiciones anteriores, es antidemocrática y fomenta la corrupción presidencial y de los integrantes de la corte que por agradecimiento, sumisión o miedo, se pliegan a los caprichos, abusos e ilegalidades de su artero benefactor, tal y como lo hemos visto en varios de los asuntos sometidos a la jurisdicción de la SCJN, en los que precisamente, unos u otros o todos, de los designados por López Obrador han impedido con su voto la declaración de inconstitucionalidad de las aberrantes reformas a leyes secundarias realizadas por morena a pedido presidencial contando con la taimada participación y dirección del actual presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Para disimular su corrupción, López Obrador se dolió de que se equivocó porque ya en el cargo, sus elegidos, según él, ya no actúan en favor del proyecto de transformación, sino en función de los mecanismos jurídicos, ¡Son ministros de la SCJN, no pueden actuar ni resolver fuera de los mecanismos jurídicos, pelmazo! lo deseable para ese canalla es que actúen y resuelvan a su capricho, a su orden, incluso, a costa del Estado de Derecho y sus muñecos lo han hecho, y si Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá tuvieran un ápice de decoro y vergüenza, renunciarían a sus cargos ya que de la voz de su amo ha quedado claro que no fueron designados por conocimientos y méritos, sino simplemente por ser sumisos al presidente.

Casusa reciente

El reciente embate de EL MENTIRAS en contra del Poder Judicial, parte del estudio que la SCJN realiza sobre la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, debate que hasta este momento no ha sido resuelto, pero que a partir de las sesiones habidas al respecto, se vislumbra que, aparentemente, esa pena anticipada se mantendrá pese a ser contraria a los tratados internacionales de los que México es parte y por ende, en términos de los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, forman parte del sistema jurídico-político de nuestro país y son la Ley Suprema de toda la Unión, lo que para el peje y sus bestias morenistas no tiene relevancia.

Para presionar a los ministros, EL MENTIRAS ha acusado al Poder Judicial de ser corrupto, de que si declaran la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa serán traidores a la patria y a la sociedad y, muy a su costumbre, a sabiendas de que el populo que le sigue le cree a ciegas, no lee, no se informa y no comprende más allá de lo que él vocifera, MIENTE afirmando que, de declararse inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, todos los que han sido detenidos serán puestos en libertad y que, pese a que delincan y sean detenidos, serán liberados, lo cual es FALSO, pues de los debates de los ministros se desprende que esa medida precautoria no debe ser automática e irrefutable, sino que su necesidad debe ser sujeta a prueba y a la valoración judicial, justo ahí EL MENTIRAS acusa que la medida quedará sujeta a la corrupción del Poder Judicial, cree el león que todos son de su condición.

Bien sabe López Obrador, que de condicionarse la medida precautoria a la prueba de su necesidad, perderá la posibilidad de arbitrariedad e ilegalidad con la que él y los operadores de la procuración de justicia fundamentalmente la Fiscalía General de la República actúan y, también sabe que la gravísima deficiencia policiaca y del ministerio público en la investigación de los delitos e integración de las carpetas de investigación, son el factor esencial por el que los jueces dejan en libertad a los presuntos delincuentes detenidos; por eso es el ataque, pero fundamentalmente, porque la SCJN, que en este asunto que tiene la vista de órganos judiciales internacionales puesta en ella, no está cumpliendo a ciegas su caprichosa y artera voluntad, pero al MENTIRAS le vale madres lo que establezcan los tratados internacionales de los que México es parte y que en México debe prevalecer el Estado de Derecho.

Para López Obrador y sus mascotas legisladores, todos aquellos que no se plieguen a cumplir sus ocurrencias y su caprichosa y autoritaria voluntad, es corrupto y partidario del conservadurismo, y así, patrón y esbirros, vejan impunemente a jueces federales o locales que dentro del marco legal han frenado las arbitrariedades que el ejecutivo comete con sus ego obras, decretos y las estupideces armadas por la mayoría morenista en el poder legislativo, cuyos integrantes ni siquiera saben cuántos artículos existen en la Constitución; es más, ni siquiera han leído otra cosa que “Los Agachados”.

A las claras

Es incuestionable que López Obrador y sus mascotas morenistas HAN FRACASADO en resolver o por lo menos paliar los problemas más graves de este país, la pobreza y la inseguridad pública. Respecto del primero, es evidente que regalar dinero no ha disminuido un ápice la pobreza y si, por las decisiones tomadas en materia económica, en tan solo 4 años, ha generado casi cinco millones más de pobres. Primero los pobres, ¡qué embustero! y, en cuanto a la seguridad pública, la ridícula estrategia de abrazos no balazos, solo ha beneficiado a la delincuencia organizada incrementando el crimen en el país, y ahora, con desesperación buscan a como dé lugar, deshacerse de ese fracaso endilgando la responsabilidad únicamente en las Fuerzas Armadas, a las que pretende poner en la lucha pero sin cambio en la estrategia besucona, diría el chueco ¡No maamsss!, ¡Palomón en las manos tiene el Ejército! Pero ahí está el culipronto de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al que valiéndole madres la dignidad y el honor de ese Instituto y de sus hombres, a todo le dice que sí al MENTIRAS. ¡Harta lana le llena las bolsas a ese sujeto y a la secta de generales y coroneles!

Por eso ahora, en lugar de mandar y operar a la Guardia Nacional, se la entrega a la secretaría de la Defensa Nacional, por eso ahora, lejos de regresar a los soldados a sus cuarteles, contando con los traidores priistas, clama que permanezcan en las calles en labores de policía hasta 2029 y, por eso ahora, ha ordenado a sus sumisos legisladores reformen la ley para privar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes. La pérdida de facultad será para la Corte, pero el peligro es para todos los mexicanos.

El Nudo de la Soga

Los zombis del Grupo Parlamentario de Morena, que sin dignidad ni decoro solo hacen lo que su amo les ordena, han presentado la iniciativa para reformar el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, para prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la SCJN, al menos ese es el título, sin embargo, la iniciativa va más allá, pues con esa reforma los morenistas pretenden que la SCJN no pueda realizar interpretaciones que restrinjan la validez o alcance de las normas constitucionales y que tampoco puedan resolver la inconstitucionalidad de normas generales, decretos o leyes que no respeten las normas constitucionales, aspecto y facultad que hasta hoy, ha impedido varias atrabiliarias, abusivas e ilegales decisiones de López Obrador y sus secuaces. Diría Titino ¡fíjate que curioso ¿verdad?!

La modificación al artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal que los morenistas pretenden, consiste en la adición de un párrafo al texto actual, que a continuación transcribo, resaltando la adición:

“ARTICULO 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará impedida para invalidar normas constitucionales o para realizar interpretaciones que restrinjan su validez, así como para invalidar leyes con motivo de lo anterior. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”

El pretexto para esta iniciativa, el debate sobre la eventual inaplicación de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional; el trasfondo, eliminar la facultad de la SCJN para invalidar por inconstitucionales, los decretos y las reformas a leyes que en estos dos años que le restan a este gobierno propondrá el MENTIRAS con el pretexto de consolidar la 4T y que, muy probablemente, atentarán contra el orden constitucional vigente. La descarada amenaza: “Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida un precepto constitucional, incurriría en rebelión franca y flagrante al texto constitucional, arrogándose, por la vía de la interpretación, facultades que no tiene expresamente conferidas” lo que para el MENTIRAS y los morenistas constituye un claro desvío de poder y un ataque directo a la supremacía constitucional y la soberanía del pueblo que es el único que tiene la posibilidad de cambiar la Constitución por medio de sus representantes.

Lo que no saben, no comprenden o convenientemente ocultan los morenistas, es que la SCJN carece de facultades para invalidar normas constitucionales, pues las facultades que se le confieren en el artículo 105 de la Constitución son para interpretar las normas; esto es, para descifrar el sentido, significado, alcance y límites de dichas normas y analizar el contenido, sentido, significado y alcance de leyes secundarias y decretos con carácter de norma general y, en su caso, resolver si estás son contrarios al texto constitucional o lo exceden, distorsionan, tuercen o eluden su cumplimiento; por lo que el pretexto utilizado (impedir que invaliden normas constitucionales) para restringir las facultades constitucionales de la SCJN es una vulgar perorata y clarifica que la intención y finalidad del peje y los morenistas, es impedir que la Suprema Corte invalide las leyes secundarias o las modificaciones a éstas y/o los decretos que el presidente propondrá o emitirá para, según él, consolidar la 4T y a vistas de lo realizado, para terminar de destruír a México, el Estado de Derecho, su democracia y las garantías de las que actualmente gozamos.

¡Perooo que me déee compadree!, si la gran mayoría de los legisladores, sobre todo los morenistas, ignoran cuántos artículos tiene la Constitución; es más, muchos de ellos, no pueden leer de corridito, menos razonar el contenido, alcance y trascendencia de un postulado normativo y con el afán de llenar currículo o por cumplirle caprichos a su amo, proponen la creación de normas con postulados o hipótesis, que muchas veces, contradicen postulados o hipótesis contenidos en otras de la misma o superior jerarquía y, ni siquiera se dan cuenta. De ahí que ignoren que, entre invalidar, modificar e interpretar existe un abismo y que la interpretación jurídica no tiene como finalidad invalidar la Constitución o parte de ella, sino descifrar el sentido, significado, alcance y límites de la norma cuestionada. Inútil…, muy alto para el entendimiento de los morenistas.

Se debe entender que toda norma jurídica es susceptible de interpretación, lo que presenta muchas y diferentes dificultades para su conceptualización universal, como pueden ser las contradicciones entre normas jurídicas, la redundancia normativa, las lagunas del derecho y la inoperancia de ciertas normas jurídicas; conceptos que, en la mayoría de los casos, los legisladores ignoran, sí, por brutos y tendenciosos, sobre todo los advenedizos compra curules como los morenistas, por eso es esencial que exista un órgano capacitado y avezado que interprete legalmente las normas creadas por el legislador para que la aplicación de éstas no dañe los derechos humanos y fundamentales del ciudadano y/o de las instituciones, es esa protección la que López Obrador y sus esbirros legisladores quieren eliminar impidiendo a la SCJN realizar interpretaciones que restrinjan la validez de las normas o incluso, invaliden leyes contrarias a la congruencia, los derechos humanos y los fundamentales; esto es, para que puedan ser tan arbitrarios como se les pegue su rechinada gana.

Estos farsantes deberían entender que en un sistema garantista como el que había en este país antes del MENTIRAS, las constituciones tienen la tarea y la responsabilidad de restablecer, junto al significado de las palabras, el sentido mismo de la democracia y sus garantías y los jueces, que sin duda lo son los ministros de la SCJN, por regla general, cumplen una función de realización de los valores democráticos y de control del poder público, porque con la interpretación de las leyes y sus sentencias, buscan afianzar los derechos fundamentales con el objeto de hacerlos efectivos contribuyendo a una sociedad más justa y a un mejor gobierno y, pese a lo que el atrabiliario de palacio nacional blasfeme, en México, salvas las vergonzantes excepciones, los jueces federales contribuyen en la construcción de la democracia y cumplen con el respeto y defensa a los derechos humanos y fundamentales como base esencial para controlar el poder político y para ejercer los derechos y libertades de los individuos de una sociedad y eso es precisamente lo que desquicia al MENTIRAS, que no quiere que nadie, ningún poder, organización ni persona se oponga a sus decisiones por estúpidas e ilegales que estas sean.

De ideas retrogradas como lo es, López Obrador ignora que no es lo mismo un Estado de Derecho, que un Estado con derecho, en éste, sólo se producen normas jurídicas que se utilizan por los poderes públicos para su ejercicio y la solución de conflictos de la manera en que ejecutivo en turno quiere que se resuelvan y la actividad de los jueces se distingue por sus tecnicismos, por su fidelidad a la ley y por su concepto de la Constitución como ideario político, más que como una norma jurídica a interpretar. En tanto que, el Estado de Derecho es la base fundamental para controlar el poder político, sujetando las actuaciones de los órganos del poder a lo expresamente establecido por la ley, imponiendo como límite el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, base fundamental para el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos de una sociedad.

En un Estado de Derecho, el papel de los jueces es más activo y en sus interpretaciones de la ley suelen ser progresistas y potencian los derechos fundamentales entendiendo a la Constitución sí, como la norma máxima, pero como una “guía interpretativa” cuyas normas deben observarse en forma directa y salvaguardarse a través de la interpretación armónica con la Constitución misma y con los tratados internacionales suscritos por México. Solo en un Estado de Derecho podrá institucionalizarse jurídicamente una verdadera democracia.

Privar a los ministros de la SCJN de la facultad para interpretar las normas constitucionales para descifrar el sentido, significado, alcance y límites de las mismas y, en su caso, acotar su aplicación, atenta contra el balance que implica la división de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución y trae consigo el dejar inerme al ciudadano, incluso a los estados y organismos públicos ante el poder ejecutivo, a merced de sus abusos y arbitrariedades, impidiendo que el Poder Judicial lo defienda contra actos inconstitucionales realizados por el presidente de la República o cualquiera de los integrantes del poder ejecutivo federal.

En dónde quedó aquella máxima del generalísimo José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario«

Primero, destinó al Ejército a actividades distintas a su naturaleza y atribución legal; luego, le concedió a los militares cargos públicos administrativos estratégicos; simultáneamente, les ha aumentado extraordinariamente el presupuesto, eximiéndolos de rendir cuentas. Después, adscribió la Guardia Nacional que cuidaría de los ciudadanos, a la secretaria de la Defensa Nacional, obvio bajo el mando y control operativo militar, además, va a prorrogar la permanencia de los milicos en las calles hasta 2029, cabe preguntarse, ¿algún poder que contrarreste el poder de los militares?, y ahora, pa’ que amarre, quiere que se restrinja el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucionales las leyes, reglamentos y decretos que normalicen o regularicen la instauración del poder militar en el país.