DESINFECCIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL
- Juan Manuel A Ramirez Ibarra
- 1 abr 2018
- 8 Min. de lectura
A menudo escucho que os referís al hombre que comete un delito como si él no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. […] Más yo os digo que de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el silente conocimiento del árbol todo, tampoco el malvado puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos vosotros. Khalil Gibran. 1923 “El Profeta”, p.57.
La corrupción se puede definir como todo abuso del poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos. Entendiendo por abuso toda conducta que se desvía de reglas formales o informales.
Se trata de un fenómeno oculto y cambiante de acuerdo a la época, la sociedad y la cultura, que adopta múltiples formas involucrando a distintos niveles de gobierno y que afecta a diversas áreas y no solo a las encargadas del manejo de los recursos económicos públicos.
La corrupción ocurre cuando el sistema político, jurídico y administrativo es permeable a las prácticas que la habilitan e incluso generan y, sobre todo, cuando la impunidad es la constante.
¿CÓMO ANDA MÉXICO?
De acuerdo con el “Índice de Percepción de la Corrupción 2017”, publicado por Transparencia Internacional[1], pese al establecimiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, México volvió a caer del lugar 123 que tuvo en el 2016, para ubicarse en el lugar 135 de 180 naciones evaluadas.
De acuerdo con el reporte publicado por Transparencia Mexicana el 21 de febrero del presente año, respecto de 2016, México empeoró pasando del lugar 30 al 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia[2].
A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
De acuerdo con el reporte 2017 de Word Justice Proyect, que mide la observancia del estado de derecho en 113 países de todo el mundo, en donde 1 es el mejor y 113 el peor, México se ubica en el lugar 92 y en el lugar 25 de 30 países de América Latina y el Caribe[3],
De los reportes de los prestigiados organismos se desprende lamentablemente que en corrupción y estado de derecho, México se acerca al fondo de los índices internacionales.
CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
En una democracia, la defensa eficaz de nuestros derechos en contra de los actos arbitrarios o de corrupción de las autoridades o de los ciudadanos corre a cargo de los órganos del Poder Judicial a los que corresponde la aplicación y administración del derecho como medio para la preservación del sistema democrático y el mantenimiento de la paz social. Pero… ¿Qué pasa cuando la corrupción se encuentra incrustada en los órganos del Poder Judicial y existe la sospecha de que sus más altos funcionarios son los que la generan, toleran y operan?
Según el referido Índice de Percepción de la Corrupción, las principales fuentes de soborno en el país según el tipo de servicio, fueron: i. Policía 61% ii. Poder Judicial 55% iii. Administración de tierras 31% iv. Registros y habilitaciones 27% v. Educación 17% vi. Servicios públicos 17% vii. Impuestos 16%, y viii. Medicina y salud 10%.6.
Por mucho tiempo la corrupción en el Poder Judicial de la Federación ha sido tema de conversaciones cotidianas de sobremesa de los ciudadanos, de malestar acallado de abogados y de sufrimiento silente de funcionarios y empleados judiciales que no habían trascendido esos corrillos. Acaso, por lo llamativo, la presunta corrupción de algún juez llegó a ser nota de algún telediario, sin dáresele mayor relevancia.
La zozobra en la mente de litigantes, abogados y ciudadanos sobre la existencia de algún juez federal corrupto, ha sido consolada con la consideración de que el conocimiento e integridad son valores presentes en la gran mayoría de los jueces pertenecientes al Poder Judicial de la Federación; saber y rectitud ahora en entredicho como resultado del hecho de corrupción significado por la venta de reactivos de los exámenes de oposición presentados por los aspirantes a obtener su designación como Jueces de Distrito, que llevó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a cancelar el concurso interno de oposición para la designación de esos juzgadores.
El nefasto hecho no es primigenio, dado que en los concursos para Jueces de Distrito de los años 2015 y 2016 se tuvieron que modificar los reactivos de las pruebas escritas por la aparente filtración de los mismos entre los concursantes.
LOS HECHOS
El pasado 16 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informó la anulación del vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito, en el aviso publicado no se expusieron las causas de la anulación. No obstante, en el comunicado 03 del 14 de febrero del 2018, publicado por el CJF se indica que el Pleno del Consejo resolvió la anulación del concurso “debido a que conoció un informe del director del Instituto de la Judicatura Federal, respecto de la obtención ilegal de algunos de los reactivos aplicados.” (…), así como que “Derivado del mencionado informe, podría haber indicios de un lucro con los reactivos sustraídos ilegalmente, por lo que el CJF actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias.”
Posteriormente, el 6 de marzo, el periódico La Crónica publicó en serie de tres el reportaje de Daniel Blancas Madrigal, que basado en la versión de integrantes del Poder Judicial de la Federación que han participado en los procesos de selección, expuso que en el concurso se habían vendido hasta en $450,000 pesos las respuestas del examen escrito que los aspirantes habían presentado correspondiente a la primera etapa del certamen, a la que seguiría la resolución de un caso práctico y el examen oral, etapas a las que solo podrían acceder los concursantes que obtuvieran las mejores calificaciones en el escrito.
La noticia también fue publicada en diversos periódicos, sin que en ellos se efectuara indicación y menos aún precisión alguna sobre la supuesta cantidad en la que presuntamente se vendieron las respuestas.
El 16 de marzo se dio a conocer la renuncia presentada por el Director del Instituto de la Judicatura Federal, así como la suspensión a dos de los participantes en el concurso y a un técnico del propio Instituto al haber encontrado elementos que hacen presumir que incurrieron en conductas de filtración, obtención y comercialización de reactivos del examen de marras.
Actualmente la investigación a cargo del CJF sigue en curso de manera reservada.
REACCIONES
Ante los hechos han surgido diferentes opiniones, desde aquellas que dan por cierto que en el Poder Judicial de la Federación y los órganos que lo integran la corrupción es evidente, hasta las que exponen defensas a ultranza que niegan la posibilidad de la existencia del hecho que investiga el CJF.
Hasta ahora lo real es que conforme a lo constante en el comunicado 03 del CJF, hubo filtración, obtención y comercialización de reactivos del Examen de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, por lo que las radicales defensas que niegan la existencia del hecho carecen de objetividad y en nada benefician al esclarecimiento de la verdad histórica y tampoco abonan al reforzamiento de la confianza del ciudadano en la integridad y honestidad del poder judicial federal.
Tampoco es de creer “a ciegas” el sensacionalista reportaje publicado en La Crónica, dado que la fuente del mismo aparentemente proviene de tres funcionarios judiciales que al parecer postularon en dicho concurso, por lo que cabe la duda de que los informantes hayan participado en ese acto de corrupción, infructuoso al ser cancelado el proceso; de lo contrario, cómo sabrían el precio de la venta del examen, dado que sería infantil pensar que la oferta fue abierta a todos participantes a los que los judas del Instituto de la Judicatura incluso, les dieron a conocer las supuestas facilidades de pago.
PROSPECCIÓN
Los hechos hacen cuestionarnos: Si el aspirante a la investidura de Juez de Distrito, para llegar a serlo, se vale de actos de corrupción ¿Con qué integridad moral realizará sus juicios? Si para acreditar sus conocimientos se vale de la compra de las respuestas ¿Tendrá la sabiduría indispensable para aplicar la constitución y valorar las pruebas y defensas de los ciudadanos que ante él comparecen en busca de justicia? la respuesta es un rotundo no.
Lo real es que los exámenes se vendieron a concursantes y que algunos o muchos de ellos, carentes de la probidad indispensable para ser juzgador, lo adquirieron, muestra clara no solo de la ausencia de los conocimientos jurídicos indispensables para serlo, sino más grave aún, de su carencia ética y elemental rectitud para administrar y decidir el derecho, carencia gravísima al considerar que dentro de las competencias del Juez de Distrito, está la de velar por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del ciudadano y las instituciones.
El Consejo de la Judicatura Federal, su consejero presidente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están obligados a esclarecer con prontitud y nitidez absoluta ese hecho, de cara a la ciudadanía y con plena transparencia, proveyendo no solo la destitución de sus empleos de todos aquellos “vendedores” y “compradores” de los reactivos, sino también lo legalmente necesario para que todos los responsables del bochornoso hecho sean procesados administrativa y penalmente sea por negligencia o deliberada corrupción y sean sentenciados de manera ejemplar.
Momento adecuado parece para también investigar, sancionar y erradicar el nepotismo y amiguismo que desde hace años se acusan en el poder judicial federal, conductas que se tienden desde los más altos estratos para estructurar redes de sucesiones en cargos, impidiendo con ello que aquellos que no gozan de la amistad, lazo familiar o favoritismo de la jerarquía y del superior de ese, carezcan de la posibilidad real de acceder a la judicatura.
Lo anterior no es afirmación en vacío, dado que de ello se da cuenta en el “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal” de julio del 2017, elaborado por el consejero Felipe Borrego Estrada bajo el auspicio de la asociación civil mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que fue entregado al CJF y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, documento en el que objetivamente se señaló que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes se extienden a más de siete mil servidores públicos de 31 circuitos que tienen familiares en la nómina[4], trabajo respecto del cual, en su comunicado 20 del 13 de julio del 2017, el CJF aseveró que lo analizaría.
Las realidades de corrupción en sus procesos de selección y designación de jueces y de nepotismo, favoritismo y tendido de redes estratificadas al descubierto en el Poder Judicial de la Federación, hacen impostergable la limpieza no demagógica, sino real, que debe realizarse en el mismo, eliminando y procesando administrativa y penalmente e imponiendo sentencias ejemplares a todos los elementos corruptos.
Tal vez la acción que con efectividad se realice contribuya determinantemente a revertir el vergonzoso índice de 55% de corrupción en el poder judicial. El momento es ahora y concluyo evocando la frase de Don José María Morelos y Pavón: “Temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones”.
[3] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition_0.pdf
[4] https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/ véase también. http://derechoenaccion.cide.edu/nepotismo-en-el-poder-judicial-de-la-federacion/
Juan Manuel Ramírez Ibarra
Abogado
jmriabogado@hotmail.com
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