¡FUERA MANOS PRESIDENTE!

En el artículo 40 de nuestra Constitución se encuentra establecido que nuestro país se constituye en una República representativa, democrática, lo que quiere decir que México tiene una forma de gobierno en la que, mediante un sistema que permite la expresión de la voluntad soberana del pueblo a través del voto, es éste el que elige al jefe de Estado, para desempeñar de manera temporal el cargo de Presidente. Esta forma de gobierno se distingue de un gobierno monárquico o absolutista.

En el sistema de gobierno republicano democrático el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que para su ejercicio se divide en Ejecutivo, encargado de la conducción política y administrativa del Estado, Legislativo, que crea y somete a debate entre los representantes populares las leyes y las decisiones administrativas y, Judicial, que vela por el cumplimiento de las leyes y de los principios fundamentales del orden público. Nuestro sistema y Constitución, prohíben que dos o más de éstos poderes se reúnan legalmente o de facto, en un solo individuo. Esta división de poderes permite el contrapeso entre éstos a través del ejercicio que cada uno realiza del que constitucionalmente le compete, poder y ejercicio que se basa en el respeto a las leyes y a las libertades civiles de los ciudadanos, cuyo goce se encuentra garantizado por las instituciones creadas legal y democráticamente para mesurar el ejercicio de facultades, oponerse a desvíos de éstas e incluso, impedir los abusos de poder.

Más allá de las mentiras, manipulaciones, descarada corrupción, supina ineficacia en seguridad pública, deshumanizado y perverso manejo del sistema de salud, esta administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por su cerril conducta antirrepublicana tendiente a ejercer control sobre los otros dos poderes de la Unión, teniéndolo sobre el Poder Legislativo dominado por la mayoría conformada por miembros del partido político del presidente y de los partidos aliados al mismo, la que si bien existe por el voto ciudadano, incumple con la causa final de su existencia, la de ser contrapeso del Poder Ejecutivo, cuyo titular se jacta públicamente de ordenar la aprobación de decisiones y leyes “sin cambiar una coma” siendo obedecido servilmente con franco incumplimiento a su causa material (elaboración y discusión de las leyes) y descarada traición al principio republicano de ser contrapeso del Poder Ejecutivo. 

Esa perversa conducta López Obrador la ha extendido de manera contumaz sobre el Poder Judicial de la Federación mediante continuos intentos de intromisión en la labor judicial para manipular las decisiones de jueces, magistrados y ministros y con el anhelo de control sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual, hasta ahora no ha obtenido. Sin embargo, ha logrado comprometer las declaratorias de inconstitucionalidad de las reformas y leyes que él proponga, al haber logrado incrustar en la SCJN a personas sumisas y serviles a su voluntad.

Inicialmente contó con el clandestino simpatizante Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, al que pretendió reforzar con la propuesta de Juan Luis González Alcántara en 2018 y Margarita Ríos-Farjat en 2019, de los que se ha quejado por actuar conforme a la legalidad, tachándolos de conservadores e infamándolos como traidores por emitir voto y resolver en contra de sus reformas y leyes; Loretta Ortiz Ahlf en 2021, la que invariablemente, sin importar lo inconstitucional de las propuestas pejerianas, argumenta para paliar la ilegalidad y vota en favor de tales proposiciones o en contra de las declaratorias de invalidez, Yasmín Esquivel Mossa en 2019, la pirata, que hasta hace un mes parecía la joyita del arrabal presidencial, sumisa y sin decoro, la que debido a su carencia de altura y acervo profesional sin argumento jurídico coherente alguno, permanentemente, vota en favor de las ilegalidades de su amo y en contra las resoluciones de inconstitucionalidad y, ahora, Lenia Batres Guadarrama en 2023, de muy exiguo saber jurídico, sin ápice de conocimiento judicial, pero un descarado servilismo al sujeto que la impuso, que por cualidades destacadas posee boca de verdulera, conducta de arrabalera y físico de Pixar, cuadro con el que el actual presidente, tiende la cama para que de ganar la elección su marioneta Sheinbaum, en diciembre del 2024, cuando termine el período del Ministro Luis María Aguilar Morales, designe a otro ministro(a) sumiso(a) a la 4T (léase a López Obrador) que imposibilite que las reformas que proponga el Poder Ejecutivo, por ilegales que sean, puedan ser declaradas inconstitucionales.

De concretarse lo expuesto, no solo se rompería el equilibrio de poderes, sino que la República democrática establecida como forma de gobierno en la Constitución, pasaría a ser una vana ilusión del constituyente de 1917, amén que habilitaría al Ejecutivo para crear y promulgar leyes contrarias a la Ley Suprema sin que la SCJN pudiera declararlas inconstitucionales.

El peligro de anulación del Poder Judicial de la Federación como uno de los poderes de la Unión contrapeso de los otros dos, se agrava con la reforma judicial como la quiere el actual presidente y está armando el dos caras Zaldívar Lelo de la Rea, pues como fue comentado en https://derechoentrenos.wordpress.com/2023/11/25/la-corte/ y https://derechoentrenos.wordpress.com/2023/12/21/nuevo-poder-judicial-federal/ la elección popular de ministros de la SCJN sería partidaria y con eso, rendida o tendenciosa hacia los intereses del partido político patrocinador o, lo común y fácilmente predecible, del que tenga la mayoría simple en las cámaras, que muy probablemente sea el partido del titular del Poder Ejecutivo y, eso es harto peligroso, sea que la titular sea ex vendedora de gelatinas o la pseudo científica con alma de marioneta, porque en cualquier caso, los mexicanos careceremos de un Poder efectivo que nos defienda como nación o individualmente, de los abusos del Poder Ejecutivo. ¡PÍENSELE! de nada valdrá entonces andar lloriqueando ¡oh, y ahora…, quien podrá defendernos!  

REFORMA CONSTITUCIONAL

Sí, es necesaria, pero para eliminar de la Constitución General y de las leyes, la facultad del presidente para proponer, designar o remover del cargo a Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Fiscal General de la República y, en general, para proponer, designar o remover del cargo a cualquier titular o mando superior de cualquier institución u organismo que tenga como función el ser contrapeso del Poder Ejecutivo.

¡Fuera manos e intereses presidente! en una verdadera República democrática, DEBE existir una real y efectiva división de poderes independientes y no solo eso, los tres en sus respectivas esferas de poder, deben pugnar para que adicionalmente, existan instituciones y organismos públicos autónomos que sean verdaderos y efectivos contrapesos al poder público y, tomando en cuenta que, por mandato constitucional, la Soberanía radica originalmente en el pueblo, es a este al que original y esencialmente, corresponde la vigilancia sobre sus gobernantes, investigación sobre su conducta y la sanción de su desempeño y para eso se requiere que esas instituciones y organismos sean ciudadanos y estén dotados constitucionalmente de autonomía técnica y de gestión, así como que sus titulares y cuadros superiores de decisión y mando tengan certeza en su designación y permanencia en el cargo.

Para lo anterior, además de las adecuaciones constitucionales pertinentes, es esencial que, para ninguno de esos cargos, el presidente de la República tenga la facultad de designar, proponer o destituir a quienes los ocupen, pues el ser titular del Poder Ejecutivo no le traslada la soberanía popular, ni lo hace rey o reina, es un empleado de la nación mexicana y está sujeto a la supervisión y sanción de los mexicanos.

Si realmente se quiere combatir eficazmente la corrupción en el gobierno, es el Federal el que DEBE ser paradigma, para eso, debe empezar por trasladar a la ciudadanía la misión de escudriñar la manera, tiempo, cantidades y destino en que el Poder Ejecutivo emplea y dispone de los recursos públicos, así como la manera, atingencia, oportunidad, asertividad y eficacia con la que ejerce sus facultades y cumple con sus deberes; por tanto, DEBE extinguirse la Secretaría de la Función Pública como dependencia del Poder Ejecutivo, trasladando esa función a un organismo ciudadano dotado constitucionalmente de personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión.  ¡Basta ya de que sea el propio Poder Ejecutivo el que se revise, supervise y sancione su propio hacer y la manera en la que dispone de los recursos públicos y tenga la posibilidad y facultad de encubrir su corrupción!

El poder judicial y su máximo órgano, la SCJN, debe estar integrado por especialistas con carrera judicial, con extenso y depurado conocimiento jurídico, innegable respetabilidad; insuperable diligencia, depurada asertividad, total imparcialidad, honorabilidad más allá de toda duda, total independencia y valor para mantenerla y, sí, ser elegidos por los propios integrantes del Poder Judicial, dejando fuera a advenedizos improvisados recomendados o impuestos por el presidente de la República, el cual NO DEBE tener injerencia alguna en la designación de jueces, magistrados ni mucho menos, ministros de la SCJN.

Tampoco debe tener injerencia alguna en la proposición, designación ni remoción del Fiscal General de la República, que debe ser designado por los ciudadanos a través de los representantes de la soberanía popular, la Cámara de Diputados no de la de Senadores, que debe elegirlos de entre los ciudadanos destacados que se postulen, que al igual que para ministro de la SCJN, posean amplio expertíz jurídico, innegable respetabilidad; insuperable diligencia, depurada asertividad, total imparcialidad, honorabilidad más allá de toda duda, total independencia.

El presidente tampoco debe tener facultad alguna la proposición, designación ni remoción de ninguna institución u organismo público que tenga como función la de revisar, supervisar la operación del Poder Ejecutivo e informar y/o rendir cuenta a la ciudadanía o de aquellos que incluso, tengan como función la de mesurar o acotar el ejercicio de poder por el Ejecutivo, teniendo siempre presente que el titular de éste es un ejecutor de las leyes, decretos y órdenes que provengan del pueblo a través de las Cámaras de Diputados y Senadores y del Plan Nacional de Desarrollo que él mismo propuso y DEBE cumplir.

¡Basta ya de presidentes imperiales en México! nuestro país es grande y lo único que debe regir su ser, estar y hacer, es el estado de derecho democrático, republicano y federal y no un sujeto o sujeta psicóticos que se crean émulos de próceres y artífices de transformaciones que solo pretenden destruír al estado de derecho democrático, republicano y federal y a sus instituciones para sustituirlas con su marihuana demencia ávida de poder.