NUEVO PODER JUDICIAL FEDERAL

Según lo afirmado por López Obrador será en febrero del 2024 cuando presentará al Congreso su iniciativa de reforma judicial, con la que, según dice, todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, así como los magistrados del Tribunal Federal Electoral y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal deberán ser electos por el voto directo de los ciudadanos.  Como lo hemos dicho, ese método de selección “politizaría” aún más, al Poder Judicial de la Federación (PJF) y anularía la indispensable independencia que deben tener los juzgadores.

El método obradorista favorece a la “Justicia por encargo”, por una parte, porque obligaría a los togados a pertenecer a un partido político o formar alianza con alguno, lo que, de origen, anularía la indispensable independencia que deben tener los juzgadores; por otra, porque indefectiblemente, las resoluciones de los letrados así electos, carecerían de objetividad e imparcialidad, al inclinarse al enfoque o interés de su partido político y, por otra, incrementaría el ya existente riesgo de corrupción, en la que éstos incurrirían para aumentar sus fortunas, reputación y apoyos necesarios para sus respectivas candidaturas, campañas y elección, pues de sobra se sabe que, en nuestro sistema político, los candidatos a puesto de elección popular, deben colaborar con varios millones de pesos para que el partido, del color que sea, decida candidatearlo y apoyarlo, sin garantía de elección; dinero que generalmente, no solo sale de las cuentas del aspirante, sino de la de diversos grupos y personas que le “donan” el apoyo con el compromiso del apoyado de corresponder al favor una vez que esté en el cargo.

Afortunadamente, la propuesta de López Obrador es inviable, dado que requiere de una reforma constitucional, para la que, hasta ahora, el MENTIRAS y morena, no cuentan con la mayoría calificada requerida para modificar nuestra Constitución, pero… la intención es como la noticia de la leal comadre, que aunque no logre nada, ya inoculó el veneno, y el presidente le apuesta a que en el 2024, su partido gane las elecciones presidenciales y legislativas, lo que le permitiría la aprobación de su reforma sin cambiar ni una sola coma por sumisión y mayoriteo legislativo.

Como todo mundo sabe, Sheinbaum es incapaz de contradecir a su ventrílocuo; sin embargo, aparentemente, no coincide al 100% con la propuesta de su protector.  Según una publicación del diario “EL PAÍS” dos fuentes que colaboran con la precandidata de morena en la elaboración de su plan de gobierno, afirman que ésta coincide en la necesidad de renovación de la SCJN, pero bajo el método de elección indirecta, lo que algo ha de tener de cierto, cuando la propia Sheinbaum en una entrevista radiofónica afirmó que “nunca ha dicho que está en desacuerdo con el método planteado con el presidente; sin embargo, es un tema que se debe debatir”

El proyecto alternativo de Sheinbaum de reforma al Poder Judicial está a cargo del ex ministro Arturo Zaldívar y en él se proyecta que las promociones y ascensos de magistrados y jueces federales sigan sujetos a sus méritos; pero tratándose de los ministros de la SCJN, de los magistrados del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se evalúa su elección indirecta mediante un esquema en el que, en cada caso, el titular del Poder Ejecutivo proponga a 10 candidatos y cada una de las Cámaras proponga a 10; aspirantes que harían campaña y se presentarían a elecciones reguladas por al Instituto Nacional Electoral (INE). Los candidatos provendrían de personas con carrera judicial, otros de la academia, otros de la función pública y otros más, serían abogados profesionales.

El esquema enunciado adolece de padecimientos crónicos y otro más, que se le quiere endilgar; a saber:

1. la necia injerencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la integración del Poder Judicial, que atenta contra la máxima del artículo 49 constitucional que impone que para su ejercicio, el Supremo Poder de la Federación se divide en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que implica que son poderes distintos e independientes entre sí; por lo que ninguno de los otros dos debe tener intromisión alguna sobre el judicial, la que se actualiza al proponer que sean el presidente de la República, los diputados y los senadores, los que seleccionen a los candidatos a ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF y consejeros del CJF, lo que implica una supeditación de los elegidos para con su proponente y/o para con el partido cuya mayoría lo fincó en la candidatura, lo que compromete su independencia.

2. La posibilidad de que accedan a dichos cargos personas ajenas a la carrera judicial, por más destacados que sean o digan o simulen ser en la academia, la función pública o en el desempeño de la profesión de abogado, este mal es crónico y siempre ha habilitado el que esos cargos sean ocupados por dedazo, lo estamos viendo con la designación de la ignorante en materia judicial Lenia Batres, hoy ministra de la SCJN por el dedo del presidente, leal a éste, no a la Constitución ni a la República. Es imperioso atender a que, para ser juzgador y calificador de la función judicial, se deben tener por lo menos 10 o 15 años de experiencia en la labor judicial y acreditar objetivamente, extenso y depurado conocimiento jurídico y procesal judicial, innegable respetabilidad; insuperable diligencia, depurada asertividad y total imparcialidad en sus trabajos y resoluciones, amén de contar con honorabilidad más allá de toda duda, total independencia y valor para mantenerla, valores que difícilmente se encontrarán en funcionarios de la administración pública sujetos siempre al beneplácito presidencial o al del partido en el poder y, tampoco, en los académicos y libres profesionistas del derecho, pues aun con sapiencia jurídica, estarán sujetos al dedo de sus proponentes, financiadores y apoyadores; por ende, además de carecer de la experiencia judicial, carecerán de independencia e imparcialidad.

3. El mal que se introduce, es el de sujetar a los candidatos a una contienda electoral abierta, lo que, como he expresado, los llevaría a pertenecer o formar alianza con un partido político que organice y financie su campaña lo que, anularía la indispensable independencia que deben tener los juzgadores, lo que además implicaría que las resoluciones de los electos carecerían de objetividad e imparcialidad, al inclinarse al enfoque y/o intereses políticos y/o económicos del partido que los apoyó, amén de que, incrementaría el riesgo de corrupción en la que incurrirían los juzgadores para resarcirse del gasto del financiamiento de sus respectivas campañas, así como para corresponder a las “donaciones” de los grupos y personas que les proporcionaran recursos para ese las mismas, con el compromiso de ser retribuidos una vez que el juzgador esté en el cargo.

Sí, definitivamente, López Obrador, morena y Sheinbaum quieren un cambio en la SCJN y en el PJF, pero no para perfeccionar el Estado de Derecho, sino para tener un Poder Judicial Federal a modo, comprometido y sumiso, por eso sus propuestas no deben ser aprobadas.

Recientemente, en https://derechoentrenos.wordpress.com/2023/11/25/la-corte/ esbocé un esquema para la elección de ministros(as) de la SCJN en el que se elimina la injerencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial y la posibilidad de advenedizos a modo de alguno de ellos. Bosquejo en el que, es el PJF el que, a través de un depurado proceso de selección de entre sus magistrados, cuyos resultados se hacen públicos, se extrae la terna de la que, a través de un proceso de elección organizado, vigilado, dictaminado y resuelto por el Instituto Nacional Electoral, los jueces y magistrados federales elegirán mediante voto libre y secreto a la persona que deberá ocupar el cargo de ministro(a) de la SCJN y una vez electo(a), se notifique a la cámara de diputados como representante de la soberanía popular, para que en sesión pública, el elegido(a) rinda la protesta de ley.

Corto quedó el esquema, acaso, por respeto a la soberanía popular representada por la Cámara de Diputados, se debe prever que, con la terna de magistrados, se deberá correr traslado a dicha Cámara, la que, por votación de la mayoría presente, podrá oponerse motivada y fundadamente por una sola ocasión, a uno o más de los integrantes de esa terna, el o los que serán suplidos por diversos también resultantes de la selección realizada por el PJF.

Abundo y, asumo como acierto del proyecto Sheinbaum, que los magistrados del TEPJF y los consejeros del CJF también sean electos democrática y transparentemente, considerando que, para el primero sea empleado el mismo esquema reseñado para la elección de los o las ministros(as) de la SCJN.

En lo referente a los integrantes del CJF, atentos a la función supervisora y sancionadora de ese órgano, coincido en que debe contar con independencia de la SCJN, por lo que sería conveniente, que para la elección de sus integrantes, el PJF, siguiendo el esquema de selección descrito para ministros de la SCJN, enviara una propuesta de terna a la Cámara de Diputados, pudiendo ésta proponer a tres candidatos ciudadanos más, seleccionados de entre reconocidos académicos y profesionales del derecho con 10 o más años de experiencia en el foro y en la docencia, personajes, de los que, la Cámara de Diputados por votación de la mayoría presente, designará al o los consejero o consejeros que vigilaran y sancionaran el trabajo de los integrantes del PJF, Consejo que una vez integrado elegirá de entre sus miembros al respectivo presidente. De esta manera, será la ciudadanía la que a través de sus representantes vigilará el desempeño de todos los integrantes del PJF.

La vida como sus etapas, sus organizaciones y costumbres no son eternas, están sujetas a cambiar, deben cambiar, en todo caso, pero más tratándose de instituciones y derechos ciudadanos, en un sistema democrático de derecho, se debe garantizar el avance y perfeccionamiento de sus instituciones y organizaciones, así como la progresividad de los derechos ciudadanos y uno de los más relevantes, es el de contar con instituciones y organismos autónomos e independientes que sean el contrapeso legal y político al poder del Estado, personificado en el presidente de la República, sea del partido que sea y, para asegurar la vigencia de nuestros derechos, el respeto a los mismos y garantizar la vigencia del Estado de Derecho auténticamente democrático, los ciudadanos debemos asegurarnos que el Poder Judicial Federal y su máximo órgano la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un Poder autónomo e independiente, que funja no solo como un contrapeso al poder del Estado, sino un auténtico coloso que frene sus abusos y cobre vigencia el apotegma de Don José María Morelos y Pavón: